El Gobierno de España debe reformar la Ley del Menor para que los menores de 14 años que cometen delitos no queden sin una respuesta adecuada, y para que la protección de las víctimas quede en el centro de la norma.
Hoy hay situaciones en las que menores muy jóvenes causan bullying, amenazas o agresiones, y las personas afectadas sienten que no pasa nada. Cuando no existe una respuesta clara, la víctima se queda desprotegida, se normaliza el daño y se envía un mensaje peligroso a las familias y a los centros educativos.
Esto no solo afecta a quien sufre la agresión en ese momento. También afecta a cualquier persona que vive con miedo a que la situación se repita, y a familias como la mía, que quieren saber que sus hijas estarán seguras y que, si ocurre algo grave, habrá medidas reales y proporcionadas.
La solución pasa por actualizar la ley para que, cuando un menor de 14 años cometa un hecho delictivo, exista una intervención inmediata, educativa y reparadora, con seguimiento efectivo y con protección para la víctima. La reforma debe dejar claro qué autoridad actúa, qué medidas se aplican y cómo se evita que estos casos queden en nada.
Por eso pedimos al Gobierno de España que impulse esta reforma cuanto antes y la tramite con prioridad. No se trata de castigar por castigar, sino de proteger a quienes sufren el daño y de evitar que la impunidad alimente nuevas agresiones.